Venezuela se ilusiona, América Latina observa: El retorno de la política de esferas de influencia y los riesgos sistémicos en el giro de la política exterior estadounidense hacia la región

Por Mg. Nicolás E. Salvoni

Nota contextual: Este artículo fue escrito dos días después de la operación llevada adelante por los Estados Unidos que culminó con la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela.

Durante gran parte del período posterior a la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina se caracterizó por una combinación de desinterés estratégico relativo, retórica democrática y gestión multilateral de conflictos.

Si bien nunca estuvo exenta de tensiones, intervenciones indirectas y asimetrías de poder evidentes, la región fue quedando progresivamente fuera del centro de las prioridades estratégicas de Washington, desplazada por Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa Oriental.

Sin embargo, este patrón comenzó a modificarse de manera visible durante la segunda presidencia de Donald Trump. En un contexto internacional marcado por el retorno de la competencia entre grandes potencias, Estados Unidos adoptó hacia América Latina una política exterior más directa, confrontativa y transaccional, en la que la coerción económica, diplomática y discursiva pasó a ocupar un lugar central.

Este giro, lejos de ser meramente coyuntural, introduce un riesgo estructural: que Washington comience a operar en la región bajo una lógica de esfera de influencia, funcionalmente comparable a la que Rusia ha desplegado en su espacio post-soviético.

Para comprender la magnitud de este cambio, resulta útil observar primero el comportamiento de Moscú en su entorno inmediato tras la disolución de la Unión Soviética. Desde comienzos de los años 2000, y con mayor claridad bajo el liderazgo de Vladimir Putin, Rusia ha reafirmado su pretensión de influencia privilegiada sobre los antiguos territorios soviéticos. Esta estrategia se ha traducido, en más de una ocasión, en intervenciones directas o indirectas que vulneraron el principio de soberanía estatal.

El caso de Georgia en 2008 constituye uno de los primeros ejemplos claros. Bajo el argumento de proteger a poblaciones locales, Rusia intervino militarmente y reconoció unilateralmente la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, consolidando una presencia permanente en territorio georgiano.

Años más tarde, Ucrania se convirtió en el escenario más contundente de esta lógica: la anexión de Crimea en 2014, el apoyo a movimientos separatistas en el Donbás y, finalmente, la invasión a gran escala iniciada en 2022, evidenciaron una concepción de la soberanía ajena como condicionada por los intereses estratégicos rusos.

En todos estos casos, Moscú actuó sobre la base de un patrón consistente: desconocimiento práctico de gobiernos considerados hostiles, uso de la fuerza —abierta o encubierta— y justificaciones políticas que apelan a la seguridad, la historia o la protección de minorías. El resultado fue la consolidación de una zona de influencia coercitiva en el espacio post-soviético, donde la autonomía plena de los Estados quedó subordinada a los intereses de la potencia regional.

Este marco resulta útil para analizar el giro reciente de la política exterior estadounidense hacia América Latina, particularmente en el caso de Venezuela. A partir de 2017, Washington adoptó una estrategia de presión máxima que combinó sanciones económicas severas, aislamiento diplomático y amenazas explícitas de uso de la fuerza.

Las sanciones sobre el sector petrolero y financiero venezolano buscaron generar un colapso económico que forzara un cambio de régimen en la dictadura conducida por Nicolás Maduro.

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, desconociendo al gobierno venezolano tras unas elecciones cargadas de sospechas de fraude, presiones sobre los veedores internacionales y falta de transparencia en el recuento de votos.

Esta decisión implicó un quiebre con el principio de no intervención y sentó un precedente relevante: la legitimidad de un gobierno latinoamericano pasó a ser definida —o al menos confrontada—, en primera instancia, desde Washington y luego por otros gobiernos de la región.

Tras las elecciones que dieron como ganadora a la fórmula opositora encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado —y que el régimen desconoció—, Estados Unidos endureció de manera explícita su postura hacia Venezuela. Washington no solo reconoció de inmediato el resultado electoral como expresión legítima de la voluntad popular, sino que interpretó el desenlace como una ventana de oportunidad política para acelerar el colapso definitivo del régimen.

A partir de ese momento, el discurso estadounidense abandonó cualquier ambigüedad residual y pasó a combinar respaldo político abierto a la oposición, advertencias directas al aparato estatal venezolano y señales inequívocas de disposición a escalar su involucramiento. En palabras del propio Trump, “todas las opciones estaban sobre la mesa”, reforzando la percepción de una amenaza militar latente.

Este proceso alcanzó su punto más crítico con la última escalada iniciada meses atrás, que culminó con la captura de Nicolás Maduro tras una operación directa de Estados Unidos en territorio venezolano, lo que constituye el mayor quiebre del orden regional desde Panamá en 1989.

Más allá de las justificaciones oficiales esgrimidas por Washington vinculadas a la seguridad nacional en el marco de la guerra contra el narcotráfico y, en menor medida, a la restauración del orden democrático se suma un elemento particularmente revelador: la explicitación, por parte del propio Donald Trump, de que el interés estratégico central de Estados Unidos en Venezuela radica en sus recursos energéticos.

En declaraciones públicas, Trump sostuvo que Estados Unidos “se quedará con el petróleo venezolano”, rompiendo con décadas de retórica diplomática que, al menos formalmente, evitaba asociar de manera directa la intervención política o militar con la apropiación de recursos naturales.

Esta afirmación no solo despoja de ambigüedad a los objetivos estratégicos de Washington, sino que refuerza la lectura del caso venezolano como una operación de poder clásica, donde la soberanía estatal queda subordinada al control de activos considerados vitales.

En este punto, la comparación con la lógica rusa en el espacio post-soviético deja de ser meramente analítica para adquirir una dimensión material concreta: el control territorial o político aparece directamente vinculado al acceso y aseguramiento de recursos estratégicos.

Fuera cual fuere la justificación de la intervención, los hechos constituyen un quiebre cualitativo: por primera vez en décadas, Estados Unidos intervino de manera abierta para remover y detener al jefe de Estado de un país latinoamericano en ejercicio.

La acción, ejecutada sin mandato explícito de organismos multilaterales y al margen de un consenso regional, consolidó una lógica de hechos consumados que recuerda, en su funcionamiento, a las intervenciones rusas en partes del espacio post-soviético que aún controla, donde la soberanía formal de los Estados queda subordinada a los intereses estratégicos de la potencia dominante.

Más que un episodio aislado, la captura de Maduro funciona como una señal política: América Latina vuelve a ser concebida como un espacio de intervención directa cuando los equilibrios internos dejan de ser funcionales a Washington.

Más allá de las diferencias evidentes entre el accionar ruso y el estadounidense —en escala, capacidades y contexto—, lo relevante es el parecido funcional de las prácticas empleadas.

En ambos casos se observa la utilización de mecanismos de presión para condicionar la política interna de Estados soberanos, la imposición de costos económicos severos y la construcción de narrativas legitimadoras que justifican la injerencia en nombre de valores superiores, ya sea la seguridad regional o la defensa de la democracia.

Desde esta perspectiva, el riesgo no reside únicamente en un conflicto puntual que —al menos en términos de sentido común— puede percibirse como legítimo al haber derivado en la destitución del líder visible de una dictadura despiadada cuyo resultado más evidente ha sido una diáspora de más de ocho millones de venezolanos.

El problema emerge cuando esa legitimidad práctica comienza a desplazar de manera sistemática los principios del derecho internacional, normalizando una lógica de poder que erosiona los fundamentos del orden internacional liberal. Si Estados Unidos empieza a tratar a América Latina como un espacio de control estratégico —más que como una región de cooperación entre Estados soberanos—, la distinción entre hegemonía y esfera de influencia coercitiva se vuelve cada vez más difusa.

El paralelismo con Rusia no pretende equiparar proyectos políticos ni trayectorias históricas, sino advertir sobre una convergencia preocupante en las formas de ejercer el poder.

En un sistema internacional crecientemente realista, donde la fuerza y la coerción recuperan centralidad, América Latina corre el riesgo de dejar de ser una periferia pacífica y, por momentos, ignorada, para convertirse nuevamente en un tablero de disputa, con costos directos para su estabilidad y autonomía, como ocurrió entre las décadas de 1970 y 1990.

Como demuestra la experiencia post-soviética, una vez que la lógica de la influencia coercitiva se instala, resulta difícil revertirla sin consecuencias profundas.

La rapidez con la que se reconfiguran estas dinámicas y la fragilidad de los consensos regionales constituyen una señal de alerta para las naciones latinoamericanas, que enfrentan el desafío de preservar su soberanía en un entorno internacional cada vez menos indulgente con los principios que, durante décadas, sostuvieron la relativa paz regional.